Por hacer pasar a un habitante de la calle como “falso positivo” condenan a la Nación

Luis Andrés Zapata fue ejecutado el 14 de diciembre de 2006, enterrado como “NN” y reportado falsamente como guerrillero muerto en combate.
Luis Andrés Zapata fue ejecutado el 14 de diciembre de 2006, enterrado como “NN” y reportado falsamente como guerrillero muerto en combate. (Colpre/)

Después de tres años de estar Luis Andrés Zapata desaparecido, su hermana recibió una llamada de la FIscalía General de la Nación en la que le informaban que habían encontrado un sujeto enterrado como “NN” en Santa Fe de Antioquia que coincidía con la descripción de hermano. La mamá de Zapata murió sin saber de su paradero.

Luis Andrés Zapata, nació en 1975, y para la fecha de su desaparición tenía 31 años. La última vez que su familia supo algo de él fue cuando salió de su casa el 14 de diciembre de 2006 para vender incienso y bolsas de basura para conseguir su sustento diario. Y ese mismo día fue víctima de una ejecución extrajudicial por parte de integrantes del Ejército Nacional. Pero se volvió a saber algo de Zapata hasta abril de 2009 cuando fue sepultado como “NN” y reportado falsamente como integrante de las Farc, en un enfrentamiento.

Cuando la familia fue a reconocer el cuerpo, aclararon a la Fiscalía que, aunque Luis Andrés Zapata tenía un problema de drogadicción y también era habitante de calle, no tenía nada que ver con porte de armas ni era parte de grupos ilegales. En este proceso, el ministerio de Defensa insistió en que este joven era integrante de las Farc y que había agredido a los uniformados, razón por la cual se desató un cruce de disparos. Por este crimen, el Consejo de Estado acaba de condenar a la Nación.

En el examen del caso Zapata se sentenció que el crimen había ocurrido en la vereda La Mariana de ese municipio antioqueño, por integrantes del Batallón de Artillería Nº 32 “Pedro Justo Berrío”. Luego de que, el 12 de septiembre de 2014, el Tribunal Administrativo de Antioquia investigara los hechos y las acciones realizadas por parte del Ejército Nacional, se encontraron múltiples inconsistencias en los informes dados por el Ejercito, pues en el número de “bajas” aparecían dos versiones diferentes.

El periódico El Espectador reveló el fallo que demuestra las inconsistencias. Según el Consejo de Estado “Luis Andrés Zapata Martínez fue asesinado inerme y pretendido ser reportado como un miembro de un grupo organizado al margen de la ley dado de baja en combate, cuando, por el contrario, lo que está acreditado es que era un joven miembro de la población civil con problemas de drogadicción, indigencia y un antecedente de hurto en 1993, que murió en un supuesto operativo militar con serías inconsistencias de las cuales es posible inferir indiciariamente que se trató de una ejecución extrajudicial”.

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El documento asegura que la muerte de Zapata “reproduce un patrón sistemático y generalizado propio de un crimen de lesa humanidad, dentro de un modus operandi caracterizado por la muerte de civiles posteriormente presentados como miembros de grupos armados ilegales dados de baja en combate, mediante diversos mecanismos de distorsión de la escena del crimen y de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos”.

Por otro lado, el alto tribunal aclaró que, en este caso “el Ejército Nacional violó el principio de distinción estipulado en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y el artículo 4 del Protocolo II Adicional”, que se evidenció en una operación militar falsa donde un ciudadano terminó asesinado por manos del ente militar.

El ente judicial comentó que el caso de Luis Andrés Zapata es apenas uno, de muchos de los casos en los que se encubren crímenes “bajo la apariencia de muertos en combate, homicidios en personas de la población civil protegidas por el Derecho Internacional Humanitario que inermes perecen frente a la arbitrariedad estatal”. Teniendo esto en cuenta se ordenó una indemnización en favor de la familia y también enviar copias del expediente a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Por último el Consejo de Estado le ordenó al ministerio de Defensa que : “debe publicar en un periódico de amplia circulación nacional y en uno de amplia circulación local en el departamento de Antioquia una disculpa y perdón público por los hechos y en donde se reconozca que la institución estuvo implicada, por acción, en la muerte de la víctima”.

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