Tribunal rechaza la apelación de exvicepresidenta de Ecuador por concusión

En la imagen, la exvicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Vicuña. EFE/Juan Francisco Chávez/Archivo
En la imagen, la exvicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Vicuña. EFE/Juan Francisco Chávez/Archivo
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Quito, 25 ene (EFE).- Un tribunal de Ecuador rechazó este lunes la apelación de la exvicepresidenta de Ecuador María Alejandra Vicuña en un caso por concusión en el que fue declarada culpable reafirmando la condena de enero de 2020.
“No hay requisito de procedibilidad omitido, este Tribunal declara la validez de lo actuado y de toda la causa”, dijo la Corte Nacional en una comunicación después de la audiencia.
Y resuelve “desechar el recurso de apelación interpuesto”, “aceptar parcialmente el recurso presentado por Fiscalía y Procuraduría en relación al quantum de la pena”, y “ratificar la condena como autora responsable del delito de concusión”, por lo que “se le impone la pena de 2 años de privación de la libertad”.
“En la sentencia por escrito se modulará la pena y la multa correspondiente haciendo el análisis exhaustivo”, destaca la Corte.
Vicuña, de 42 años y que debió dejar la Vicepresidencia en diciembre de 2018, tras ser acusada, apelaba una condena relacionada con el cobro ilegal de cuotas o diezmos a sus colaboradores cuando era asambleísta de la provincia de Guayas entre 2009 y 2017.
En enero de 2020, fue sentenciada a un año de prisión y a pagar 173.180 dólares como indemnización equivalente al cuádruple de la cantidad recibida de las aportaciones.
En la causa, la Fiscalía argumentó que recibió transferencias bancarias de tres de sus asesores por valores de 23.300 dólares, 14.650 dólares y 5.345 dólares, respectivamente.
Además, el tribunal ordenó el comiso de un inmueble de su propiedad localizado en Samborondón, provincia del Guayas.
En enero, su defensa, en manos de Juan Carlos Salazar, solicitó la anulación de la sentencia y que se declarase inocente a su cliente, argumentando que “el tipo penal y dogma, prueba actuada que no determina la existencia material de la acción y los yerros cometidos en el fallo”.
“El delito, según lo que consta en la sentencia, fue cometido en el período 2011-2016 y recién se le procesa en el 2018. Eso demuestra que las agravantes no fueron tomadas en cuenta en el momento del cometimiento del hecho, por lo tanto, los recursos de apelación presentado por Fiscalía y la Procuraduría deben ser desechados”, manifestó entonces Salazar.
Por su parte, la Fiscalía y la Procuraduría alegaron en esa audiencia que existían “suficientes elementos probatorios donde se demuestra la materialidad de la acción, la prueba documental, testimonial y pericial que se valoró en su momento” y pidieron que se mantenga la disposición de no otorgar la suspensión condicional de la pena.
En la sesión de hoy, el Tribunal de Apelaciones, formado por los jueces David Jacho, Dilza Muñoz e Iván León, rechazó todos los alegatos de la defensa de la exvicepresidenta.

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